Por: Francisco Marte.
En todo proceso electoral, sea político o gremial, la imparcialidad de la comisión electoral no es un lujo: es una obligación ética y legal. Su papel es garantizar que cada candidato compita en igualdad de condiciones y que cada votante ejerza su derecho con confianza. Cuando este principio se vulnera, no solo se pone en riesgo la transparencia del proceso, sino también la legitimidad de los resultados y la unidad de la institución.
La Ley 10-91, en el capítulo III Deberes y Derechos de los miembros, en su artículo 16, acápite, a) dice: Derecho a elegir y ser elegible; mientras que el reglamento electoral del CDP del 1999 establecen claramente las atribuciones y límites de la comisión para que ese artículo de la Ley se cumpla.
Tomar decisiones fuera de ese marco, por voluntad propia o por presiones externas, es cruzar una línea peligrosa. Cada acción arbitraria puede abrir la puerta a impugnaciones, desconfianza y fracturas internas que, en un gremio, son costosas de reparar.En este contexto, la figura del presidente de la comisión electoral adquiere una relevancia especial.
No basta con dirigir las sesiones o firmar las actas: debe ser garante de que los miembros actúen sin sesgos ni favoritismos. Si algún integrante mantiene posturas públicas o privadas que favorezcan o ataquen a un candidato, su participación activa en decisiones críticas puede contaminar el proceso.
La prudencia y el apego a las normas son la mejor defensa contra el conflicto de intereses.El presidente, por tanto, no puede poner en juego su reputación ni su respeto ganado a lo largo de los años por atender a caprichos personales o ceder ante intereses particulares. Su autoridad moral y credibilidad son su capital más valioso. Perderlo significaría no solo un golpe a su trayectoria, sino una mancha difícil de borrar para todo el proceso electoral.
En un gremio, la confianza se construye con actos, no con discursos. Y la historia juzga con dureza a quienes, teniendo la oportunidad de fortalecer la democracia interna, eligieron el camino del favoritismo y la arbitrariedad. La imparcialidad no es negociable: es la piedra angular sobre la que se sostienen la transparencia, la justicia y el respeto mutuo.El autor de este artículo es periodista/ licenciado en relaciones públicas con Especialidad en Administración Política Electoral.
