El expresidente de la Comisión Nacional de Estrategia y exministro de Educación, Dr. Roberto Fulcar, denunció mediante una carta dirigida al actual ministro de Educación, Lic. Luis Miguel Decamps, una serie de cancelaciones, degradaciones y abusos administrativos contra funcionarios de carrera vinculados a su gestión.
En el documento, fechado el 15 de abril de 2025, Fulcar afirma que desde su salida del Ministerio de Educación en agosto de 2022, se desató una “implacable cacería” contra servidores públicos que ocuparon cargos durante su mandato, incluyendo directores generales, regionales, distritales y técnicos, muchos de ellos con méritos reconocidos y sin haber incurrido en faltas.
“El Ministerio se convirtió en un campo de persecución institucional donde se cancelaron incluso a enfermos, se redujeron salarios y se desconoció el derecho a la carrera administrativa”, señala Fulcar. Denunció además que el equipo de Recursos Humanos actuó con criterios políticos y revanchistas, llegando a preguntar en tono inquisitivo: “¿Quiénes son del equipo de Roberto Fulcar aquí?”
El también miembro de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) lamentó que, a pesar de su ausencia por motivos de salud, no se detuviera lo que definió como una “decisión de tierra arrasada”, y responsabilizó a quienes estaban en capacidad de frenar los abusos y no lo hicieron.
Fulcar hizo un llamado directo al ministro Decamps a revisar la situación en las 18 Direcciones Regionales y los 122 Distritos Educativos del país, y a tomar medidas correctivas que incluyan la restitución de salarios, la reintegración de personal desvinculado de forma arbitraria, y el reconocimiento de la dignidad de los servidores públicos afectados.
“No quiero callar ante tanto abuso. No soy así y jamás seré así. Un compañero de ocasión abraza en las buenas, mientras que se calla y huye ante la agresión a los suyos”, expresó Fulcar en uno de los pasajes más contundentes de la misiva.
Finalmente, reafirmó su compromiso con la democracia, el PRM y la institucionalidad del país, dejando claro que su reclamo no obedece a intereses personales, sino a una obligación moral con quienes sirvieron al país durante uno de los momentos más difíciles de la historia reciente: la pandemia del COVID-19.
